Arranca un juicio histórico: la hermana de Felipe VI, en el banquillo

 

 

Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI (Foto: lainformacion.com / Twitter)

Por Sara Barderas

Madrid/Palma, 11 de enero 2016 – Cristina de Borbón, hermana del rey Felipe VI, se convirtió hoy en el primer miembro de la casa real española en sentarse en el banquillo, acusada de haber ayudado a su marido, Iñaki Urdangarin, a evadir dinero conseguido ilícitamente.

La sesión inicial del juicio por corrupción, que se celebra en Palma de Mallorca en medio de una alta expectación mediática y social, podría sin embargo ser la última para ella: la defensa y el fiscal pidieron sacarla del proceso histórico.

Nunca antes un familiar del rey había tenido que responder ante la Justicia. El llamado «caso Nóos» hizo tambalear los cimientos de la monarquía y contribuyó decisivamente a la abdicación del rey Juan Carlos I en su hijo hace año y medio.

En el banquillo se sientan 18 personas. El principal acusado es cuñado del rey Felipe, centro de un entramado que consiguió presuntamente suculentos contratos de administraciones públicas aprovechándose de su condición de yerno del anterior monarca.

El caso toma el nombre de la organización vinculada al mundo del deporte que dirigía Urdangarin, el Instituto Nóos. Habría desviado más de seis millones de euros de dinero público a través de un entramado empresarial. El fiscal pide 19 años y medio para él.

Su mujer está inculpada como cooperadora necesaria de dos delitos fiscales de su marido por la acusación popular, que pide ocho años de cárcel para ella. Es copropietaria junto a Urdangarin de Aizoon, una de las empresas a través de las que se ocultó dinero al fisco.

La infanta Cristina, de 50 años, y su marido, de 47, llegaron juntos en un automóvil al lugar del juicio una hora antes de su inicio y se sentaron con semblante serio y demacrados en la tercera y última fila del banquillo, separados entre sí por tres acusados.

Durante las horas de la vista, apenas se miraron. En la pared de enfrente, como en toda sala institucional, colgaba un retrato de Felipe de Borbón. Al convertirse en rey levantó un muro de contención frente a ellos: sacó a la infanta de la familia real, le retiró el pasaporte diplomático y le quitó el ducado de Palma que le había otorgado su padre con motivo de su boda, en 1997.

Para la hermana del rey, podría ser la primera y la última sesión ante el tribunal de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares que integran tres magistradas. Tal y como anunciaron, su defensa y el fiscal pidieron su exoneración del juicio porque solo la inculpa la acusación popular, que ejerce la organización Manos Limpias.

Recurrieron para ello a la «doctrina Botín», un precepto jurídico al que el banquero Emilio Botín dio involuntariamente nombre cuando en un caso que lo atañía, el Tribunal Supremo fijó que nadie puede ser juzgado por delitos fiscales si no lo acusan la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.

Hacerlo sería una «discriminación no justificada», dijo el fiscal, Pablo Horrach, que en su día se enfrentó por ello al juez instructor del caso, José Castro, con quien hasta ese momento había caminado de la mano en la investigación de la trama de corrupción.

El abogado de la infanta Jesús María Silva aportó al tribunal diez sentencias que desarrollan la doctrina.

«Solicitamos la nulidad del auto de apertura de juicio oral en lo relativo a Cristina de Borbón», dijo el letrado, seguido desde el banquillo por ella, que aguantó horas seria y erguida, tratando de no crispar el rostro. «La pesadilla de los grandes juristas es llegar a juicio bajo la acusación sólo de la acción popular».

La abogada de Manos Limpias defendió que dejarla fuera del proceso «perjudicaría a la justicia española, dejaría perjudicada a la corona y la propia infanta quedaría estigmatizada socialmente».

Junto a la hermana y el yerno del rey están acusados el socio de Urdangarin y su mujer, así como políticos y ex altos cargos públicos, entre ellos el ex jefe del gobierno de las Islas Baleares Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente con José María Aznar. Ninguno tomó hoy la palabra en una sesión dedicada a cuestiones previas como la aplicación de la «doctrina Botín» a la infanta.

El proceso, que previsiblemente durará hasta junio, se retomará el 9 de febrero, un mes en el que ya declararán los acusados. Antes de esa fecha, el tribunal debe decidir si sigue juzgando a la infanta.

Su exoneración causaría a buen seguro irritación en la sociedad española, muy sensible a los temas de corrupción tras unos años de grandes escándalos de este tipo en paralelo a la crisis económica. «Creemos que sería un verdadero escándalo que Doña Cristina no tuviera que sentarse en el banquillo», señaló el diario «El Mundo».

Ante su magnitud, con 18 acusados, numerosos abogados defensores y unos 600 periodistas acreditados, la Audiencia Provincial de las Islas Baleares trasladó el proceso a una escuela de administración pública en un polígono del extrarradio de la ciudad de Palma. (dmz/dpa/hl)