México atenderá resolución de la ONU sobre cuatro casos de tortura

 

El gobierno mexicano atenderá una resolución del Comité contra la Tortura (Foto: Desinformémonos / Twitter)

Ciudad de México, 10 de octubre 2015 – El gobierno mexicano atenderá una resolución del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas sobre la responsabilidad del Estado mexicano en cuatro casos de tortura y detención arbitraria ocurridos en 2009, informó hoy el ministerio de Relaciones Exteriores.

“El Estado Mexicano tiene 90 días para enviar información al Comité sobre toda medida adoptada para atender la resolución”, se indicó en un comunicado oficial.

Para ello se instalará una mesa de trabajo que estará formada por tres funcionarios del área de derechos humanos del gobierno de México, representantes de los detenidos, el director de una organización civil que actuó en su defensa y una representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.

El caso se refiere a la detención de cuatro hombres bajo cargos de secuestro por parte de militares el 16 de junio de 2009 en la localidad de Playas de Rosarito, situada en el estado noroccidental de Baja California.

Los afectados son los hermanos Ramiro y Rodrigo Ramírez Martínez, así como Orlando Santaolaya Villarreal y Ramiro López Vázquez.

El comité de la ONU condenó la actuación de las autoridades mexicanas en este caso y las instó a liberar a los cuatro acusados, que están en una prisión federal.

Además pidió que se investigue de forma exhaustiva la tortura que sufrieron, que se juzgue y castigue a los responsables y que haya una reparación del daño y rehabilitación para las víctimas.

También exhortó a eliminar la figura del arraigo, que permite mantener a una persona detenida durante varios meses antes de su consignación ante un juez, y adaptar el Código de Justicia Militar a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La queja fue presentada ante el Comité contra la Tortura de la ONU en marzo de 2012 por los representantes de las víctimas y la resolución se tomó en agosto.

El Estado mexicano fue responsabilizado de tortura, detención arbitraria, uso indebido de la jurisdicción militar y negligencia en la investigación, además de que se cuestionó la figura del arraigo. (dmz/dpa/hl)

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